domingo, 21 de agosto de 2011

La decisión del presidente Ollanta Humala de presidir el Consejo de Seguridad Ciudadana (CONASEC) es sin duda una buena noticia. La delincuencia con su orgía de robos, extorsiones y asesinatos nos ha transformado en un país altamente incierto. Y la percepción que tenemos los ciudadanos del papel del estado ante este flagelo es de una cínica inacción.

Al encabezar el presidente el CONASEC, al margen de los tecnicismos, muestra la voluntad de cambiar el rumbo de las cosas. Decisión política indispensable para articular todo un sistema de lucha contra el crimen organizado. Eliminar la pobreza y crear más fuentes de trabajo, leyes que permitan sancionar más y mejor a los hampones de alta peligrosidad, mejor sistema carcelario, policías mejor pagados y altamente equipados que desarrollen un buen trabajo de inteligencia y finalmente una población preparada.

Porque luchar contra una delincuencia que ya adquirido el nivel de inmanejable requiere de la participación de todo el estado y de la ciudadanía. No olvidemos que el crimen organizado no actúa sólo. Cuenta con el apoyo de jueces corruptos que los liberan, minimizan las penas o les dan beneficios penitenciarios inexplicables para que salgan impunemente a delinquir. De algunos policías que son parte de las bandas o cobran para dejarlos operar. Y también de una gavilla de abogados inescrupulosos que se han puesto a su servicio para pervertir las leyes y liberarlos.

Una buena medida la del presidente para sosegar el accionar del hampa. Sabemos que requiere organizar todo un frente de batalla que tenga firmeza, organización y cooperación, las condiciones están dadas, “muchas veces un juez corrupto puede ser más peligroso que un delincuente” ha asegurado el mandatario resumiendo de esta manera el punto central de su filosofía. Ojalá funcione, así lo anota Augusto Álvarez en su columna Claro y Directo del diario La República, sino estamos fritos.

Esperemos que el mismo énfasis ponga para encabezar la lucha frontal contra la pobreza y la exclusión. Y también, contra la corrupción, esta epidemia inmoral que ha enriquecido a muchísimos sinvergüenzas y que viene destruyendo al país desde los albores de la república con total impunidad.

sábado, 6 de agosto de 2011

La inseguridad ciudadana producto de la violencia criminal ha alcanzado en el país niveles inesperados. El reciente sospechoso ataque a la esposa e hija del congresista Renzo Reggiardo demuestra que la delincuencia, ante la inoperancia del gobierno (el saliente renunció en todos los extremos a frenarla y combatirla) se ha apoderado impunemente de nuestras vidas.

Bandas de extorsionadores cuyos objetivos son ahora simples taxistas o pequeños comerciantes a quienes amenazan con ultimarlos o secuestrar a sus hijos si no cumplen con sus exigencias. Pandillas que se han apoderado de barrios enteros en las grandes ciudades. Orlas de sicarios que las mafias utilizan para proteger el transporte de la cocaína y arreglar sus asuntos con feroces vendettas. Todos, absolutamente todos tienen territorios liberados. ¿Y el estado?

Enfrentar este infortunio requiera abordarlo integralmente. Decisión política de hacerlo, modificar las leyes que aumenten la penalidad de los asaltantes y asesinos, más recursos y mejor cobertura jurídica para la policía que teme intervenir por los posibles juicios, atacar la corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público que liberan delincuentes sin ningún sonrojo. Y también una lucha sin cuartel contra la podredumbre gubernamental heredada, para que el mal ejemplo no cunda más en el país.

A este ritmo vamos irremediablemente, como ya afirmamos en un artículo anterior, a la mexicanización de la violencia. Ciudades del norte como Trujillo y Chiclayo, se han convertido en estos últimos años en territorio de extorsionadores que actúan impunemente y las muertes por este azote son cosa de todos los días. Tiene la certeza que las penas son benignas y los jueces sobornables. Si esto no funciona, las amenazas contra los magistrados es cuestión de horas.

No esperemos que haya más víctimas inocentes para reaccionar. Casos como el de Ariana, la hija del congresista Reggiardo herida cobardemente de bala en el asalto, y el de Romina, aquella pequeñita que también sufrió y sufre el suplicio del brutal ataque de unos delincuentes que la dejaron cuadripléjica no deben repetirse jamás. 

¿Cuántos niños desangrados o huérfanos más tenemos que ver para entender que ésta es una violencia insana y nos afecta a todos? ¿Cuántos peruanos inocentes tienen que vivir amenazados o morir en la defensa de sus bienes? El gobierno tiene que tomar medidas inmediatas y revertir esta pesadísima herencia que le dejó la inacción de Alan García.

En algunas ciudades las víctimas han empezado a comprar armas para su defensa. Esta receta puede ser peor que la enfermedad. Los delincuentes están preparados táctica y mentalmente para accionar. Sin embargo, la participación ciudadana puede ser una fórmula en la que debe apoyarse el gobierno para revertir las cosas. Ejemplos tenemos de sobra: Las rondas campesinas nacidas en Chota y las rondas urbanas o comités vecinales que en muchas ciudades son el único freno a la criminalidad.


Romina la niña que quedó cudrapléjica.