domingo, 19 de junio de 2011


El conflicto de Puno, protagonizado por la nación Aymara y trasladado ahora a la capital, son el anticipo de lo que se puede advertir, una etapa de profundas y sostenidas reclamaciones del interior de país. Lo que obligará al próximo gobierno de Humala a establecer bien el orden de prioridades de atención, al mismo tiempo definir adecuadamente con su equipo hasta donde puede el estado, ya en sus manos, atender y ceder a las demandas de las regiones siendo leal a sus ofertas electorales.
Y es justamente el tema de la minería lo que le causará los primeros y más fuertes escozores. Sabemos que no sólo en Puno hay un profundo malestar por las concesiones indiscriminadas y la explotación minera, sino también en la costa, en el centro y el norte del Perú, siendo tal vez la más célebre la terca insistencia por parte de Yanacocha de explotar el cerro Quilish contra la voluntad férrea de la población.
La ausencia de una consulta a los propietarios de las tierras, la manipulación de las licencias sociales, la contaminación de las fuentes de agua, la destrucción de su modo de vida y la falta de respeto a la tradición cultural al pulverizar sus Apus, montañas sagradas veneradas por las comunidades andinas, que son parte vital de su cosmogonía, y la falta de una equitativa distribución de la ganancia, generan desazón y rechazo a la inversión minera. Aspecto que el gran capital se niega a entender y que el estado y sus pomposas cifras han pasado por alto.
A esto debe sumarse la avalancha de reclamos de los habitantes de la selva cuyos bosques han sido dados en explotación ilegalmente, sin respetar los convenios con la OIT. Todos los marginados por el sistema han puesto sus esperanzas en Humala, algo sabio tiene que concebir para atender sin afectar la gobernabilidad ni la estabilidad que requiere.
Sin embargo no son estos los únicos problemas potenciales a enfrentar, también arribarán reclamos de los docentes universitarios, de los maestros marginados con el cuento de la evaluación, de los jubilados que mueren sin poder cobrar sus beneficios judicialmente ganados, de los desocupados, de las ciudades jaqueadas por la violencia delincuencial. En fin, de todos aquellos para quienes el crecimiento económico solo ha sido un falaz espejismo.  
 

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