sábado, 17 de septiembre de 2011
El tráfico ilícito de drogas, fundamentalmente el de cocaína, es un asunto crucial para el estado el país y el mundo entero. No sólo por la inmensa cantidad de dinero que mueve, filtra y lava a través de empresas, negocios y del mismo sistema financiero. Sino también porque establece redes de corrupción que alcanzan al estado y a los mismos partidos políticos a los que muchas veces financia para lograr representación e inmunidad.
El lavado de activos en el Perú es de aproximadamente 3250 millones de dólares al año y a nivel mundial alcanza la suma de 50,000 millones de dólares. Dinero que curiosamente en muchos sitios genera fuentes de trabajo, sostiene bancos y costea tranquilidad financiera a miles de corporaciones que viven alimentadas por este caudal sucio.
Pero el alcance de la capacidad destructiva del narcotráfico va más allá. Para sembrar la materia prima, es decir la hoja de coca, se talan ilegalmente miles de hectáreas de bosque selvático virgen y luego se intoxican el suelo y las aguas con los filtrados contaminantes que vierten en el proceso de transformación para conseguir la pasta básica de cocaína.
Sin embargo, el mayor daño es el humano. Dolorosamente en nuestro país aproximadamente muchos niños empiezan a usar esta droga a los 10 años de edad, en plena escolaridad. Estableciéndose un círculo cruel e inhumano de consumo que va la mayoría de veces hasta la adultez. Muchos de estos consumidores infantiles terminan delinquiendo para abastecerse de esta droga. Para sembrar la hoja de coca ilegal se destruye la naturaleza, una vez procesada se destruye la misma vida humana y sus lazos sociales.
Frente a este problema el gobierno debe diseñar una política de estado amplia, que abarque todos los frentes. EL legal para reprimir a los narcotraficantes y sus redes de lavado de activos. El económico rastreando y capturando los flujos de dinero sucio. El social dando alternativas viables a los campesinos cultivadores de coca atrapados por las mafias como abastecedores. Y el educacional para evitar que nuestros niños y jóvenes sucumban a tan trágica tentación de convertirse en drogadictos. No hay que olvidar que un consumidor nuevo significa más dinero para estas mafias perversas.
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sábado, 3 de septiembre de 2011
La imagen del Parlamento Nacional es una de las más decadentes que percibe la ciudadanía. Para cambiar este estado lamentable, la presidencia del Congreso no tuvo otra mejor idea que realizar sesiones descentralizadas. Parece que el camino elegido para salir de ese atolladero no es el conveniente. Al contrario, la opinión pública sospecha con desagrado que es más de lo mismo.
Existe la legítima necesidad de mejorar la hechura del Parlamento por el bien del país y por las metas trazadas por el actual gobierno. El problema reside en que una sesión como la planteada en una ciudad tan cercana como Ica acarrea toda una logística que indudablemente tienen sus costos y eso no le agrada al país. Porque no sólo serán trasladados los parlamentarios con más dinero del fisco sino necesariamente sus asesores y secretarios.
Pero no es costo de realizar estas sesiones descentralizadas las que deban generar mayor inquietud, después de todo mejorar el sistema democrático tiene sus costos, y podrían ser asumidos por los mismos congresistas con las partidas que tienen asignadas por concepto de gastos operativos pésimamente utilizados y sustentados.
Hay dos factores importantes que pueden jugarle una pasada a esta iniciativa. Por un lado es qué tanto pueda solucionar las demandas regionales una vez escuchadas y anotadas, la expectativa generada puede convertirse en una trampa mortal. Y el otro aspecto es como establecer el orden en las que las regiones serán visitadas por el Parlamento para ser la cede eventual, considerando que hay zonas con potenciales conflictos y otras con estos en curso y muy delicados como Puno que exigirán de inmediato ser atendidos.
La idea de acercarse a la población es buena y justificada, aunque la estulticia de la prensa de la derecha está a la expectativa para atacar sin rigor profesional. Hubiera sido mejor hacerlo con una comisión especial que sea compuesta por todos los partidos, dinámica y mucho más manejable. Su movilidad por las regiones sería expedita y efectiva y los costos de desplazamiento y estadía serían abismalmente inferiores.
Sin embargo, tratándose de un plan piloto es saludable esperar los resultados. No olvidemos que ya hay experiencia con algunos consejos de ministros del gobierno anterior que en más de una oportunidad se reunieron fuera de Lima. Y que ahora el nuevo Premier animado tal vez por los resultados pasados ha anunciado que continuarán con esa usanza. Para solucionar los problemas el ejecutivo está mejor posición por su capacidad de decisión y ejecución más no así el Congreso.
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