sábado, 22 de octubre de 2011
La lucha contra la corrupción es y será para el gobierno del presidente Humala una de sus más caras promesas y el escollo más espinoso de sortear. Primero, porque no tiene una política anticorrupción organizada y definida, sólo señales y atisbos de buenos propósitos. Segundo, porque no sólo se trata de combatir los delitos de los que gobernaron y de los contrarios, si no también de los que están en casa sentados a su costado. Y estos son los más embarazosos.
El escándalo del Vicepresidente Chehade, quien presuntamente intervino ante los mandos policiales para realizar un desalojo en la Empresa Andahuasi para favorecer al grupo económico Wong, manejada momentáneamente por los trabajadores y con muchos procesos en curso por irregularidades en las ventas de las acciones, nos indica el camino contrario a la prédica presidencial tomado por algunos de sus cercanos colaboradores.
El caso acá es aún más complicado para el presidente, Chehade fue su abogado defensor en el proceso Madre Mía y una persona de mucha confianza política. Y aunque inicialmente parte de la bancada apoyó al vicepresidente y el premier Lerner afirmó que no blindarán a nadie que cometa actos inmorales, el silencio de Humala fue roto tras el twitter teledirigido por la primera dama Nadine Heredia "Tan difícil es caminar derecho??!!".
El mutismo presidencial puede ser explicable por varias razones. Que haya pensado legítimamente que la denuncia contra Chehade sea una maniobra de venganza de los generales desaforados en la purga. Que el presidente necesite documentarse para poder asumir una postura. Y finalmente, como no hay una política anticorrupción que los oriente y encauce, espere que los reflejos le funcionen si es que los asesores fallan. Entonces hablará y será lo más escueto pero insuficiente. Como así ha sucedido.
No será el primer caso complicado que someterá a prueba la voluntad profiláctica del presidente. Tiene en su bancada una lista de parlamentarios que afrentan el sentido común y a los que se les debe levantar la inmunidad junto a otros más para ser investigados y procesados. Existen decretos de ministro de agricultura, quien ahora para avalar el ingreso de los transgénicos hace piruetas y va en sentido contrapuesto a las promesas que hizo cuando era dirigente agrario. Y también contra la palabra empeñada de Humala que se comprometió con los agricultores a no permitir el ingreso de los transgénicos al país.
Quizás le estemos exigiendo demasiado a un gobierno tierno que se ha implementado con la intención de aplacar las angustiantes demandas sociales y las iras de la derecha. Pero si en algo tiene que ser implacable es en la lucha contra la corrupción. No basta con apoyar la investigación fiscal porque ya sabemos como se maneja lamentablemente la justicia en el país. Tiene que haber una política clara, una postura gubernamental y un gesto firme de líder. Esto evitará que el presidente no calle o titubee ante otros posibles casos de corrupción de sus allegados o camaradas. El país lo requiere con urgencia para que no se repita la lúgubre historia nacional.
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sábado, 1 de octubre de 2011
Son los acontecimientos desventurados y violentos los que marcan el paso de la vida peruana. Y la prensa tiene el sombrío encargo de recordárnoslo. No hay un manejo responsable ni por el estado que carece de políticas específicas para enfrentar el descontrol social ni por los medios que han encontrado en la morbosidad de la gente el santo grial de las ventas.
Explicable porque somos una sociedad fundamentalmente violenta, maximizada históricamente por la conquista y la vida republicana que en vez de amenguarla se encargó de ahondar manteniendo diferencias sociales y económicas brutales. Pero lo que está sucediendo últimamente en nuestro país es el letrero luminoso que nos anuncia que lo peor está aún por venir si el gobierno, la prensa y la sociedad seguimos actuando de la manera que hasta ahora lo estamos haciendo. Lamentarnos fugazmente, tomar medidas coyunturales y luego cerrar los ojos hasta una nueva tragedia.
Tres acontecimientos dolorosos se han encargado de apoderarse de todos los titulares y documentales los seis meses postreros: La desaparición de Ciro Castilla llevado por algunos medios hasta el límite de la irresponsabilidad y el paroxismo. El alevoso ataque a la hija de congresista Reggiardo por una banda de desalmados. Y finalmente la muerte en el estadio de la “U” del hincha aliancista Walter Oyarce. Las violaciones de niños y las extorsiones han sido referencias fugaces.
Hechos que tienen denominadores comunes. La indignación de la gente, el temor social que causan pero principalmente la suma de incoherencias y estupideces que alegan autoridades y líderes de opinión. Unos piden condenas severas y eliminar beneficios, sale el jefe del Inpe asegurando que en las cárceles no hay espacio. Conclusión, los dejamos libres. Que se jueguen algunos partidos sin público para evitar la bestialidad fanática, sale otro y reclama el riesgo de quebrar a los clubes como si estos no estuvieran ya quebrados. Conclusión: que sigan matando gente en las tribunas.
La violencia tiene causas específicas y es responsabilidad del gobierno diseñarlas e implementarlas como política de estado. Y pasa primordialmente por una intensa e inteligente política de inclusión social, que no se reduzca a regalar dinero, crear trabajos temporales y otros anuncios insustanciales. La inclusión debe partir por una gran reforma educativa que se convierta en el eje para combatir esta barbarie que es estructural. Educación y de calidad para todos, pero fundamentalmente para los más pobres.
Luego crear oportunidades para nuestros jóvenes que viven en un país casi sin esperanza, con acceso a fuentes de trabajo dignas. Respeto y revaloración de su cultura y costumbres. Mayores y mejores presupuestos bien utilizados. Mejores políticas sectoriales que apuntalen la inclusión como un mega proyecto estatal. El aspecto punitivo es necesario y urgente pero no va a ser el factor que nos sacará de este remolino irrefrenable.
Finalmente, como lo afirma El profesor Daniel Parodi “no es posible pregonar la inclusión social si como punto de partida no somos iguales ante la ley”. Necesitamos que el poder judicial, la prensa y la sociedad en general tengan la misma respuesta cuando las víctimas son hijos de reconocidos políticos y ciudadanos de clase alta, o cuando son humildes campesinos o trabajadores anónimos que son las mayores víctimas de esta locura criminal.
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PARAFRASEANDO A NADINE