VIOLENCIA Y SOCIEDAD PERUANA

Son los acontecimientos desventurados y violentos los que marcan el paso de la vida peruana. Y la prensa tiene el sombrío encargo de recordárnoslo. No hay un manejo responsable ni por el estado que carece de políticas específicas para enfrentar el descontrol social ni por los medios que han encontrado en la morbosidad de la gente el santo grial de las ventas.

Explicable porque somos una sociedad fundamentalmente violenta, maximizada históricamente por la conquista y la vida republicana que en vez de amenguarla se encargó de ahondar manteniendo diferencias sociales y económicas brutales. Pero lo que está sucediendo últimamente en nuestro país es el letrero luminoso que nos anuncia que lo peor está aún por venir si el gobierno, la prensa y la sociedad seguimos actuando de la manera que hasta ahora lo estamos haciendo. Lamentarnos fugazmente, tomar medidas coyunturales y luego cerrar los ojos hasta una nueva tragedia.

Tres acontecimientos dolorosos se han encargado de apoderarse de todos los titulares y documentales los seis meses postreros: La desaparición de Ciro Castilla llevado por algunos medios hasta el límite de la irresponsabilidad y el paroxismo. El alevoso ataque a la hija de congresista Reggiardo por una banda de desalmados. Y finalmente la muerte en el estadio de la “U” del hincha aliancista Walter Oyarce. Las violaciones de niños y las extorsiones han sido referencias fugaces.

Hechos que tienen denominadores comunes. La indignación de la gente, el temor social que causan pero principalmente la suma de incoherencias y estupideces que alegan autoridades y líderes de opinión. Unos piden condenas severas y eliminar beneficios, sale el jefe del Inpe asegurando que en las cárceles no hay espacio. Conclusión, los dejamos libres. Que se jueguen algunos partidos sin público para evitar la bestialidad fanática, sale otro y reclama el riesgo de quebrar a los clubes como si estos no estuvieran ya quebrados. Conclusión: que sigan matando gente en las tribunas.

La violencia tiene causas específicas y es responsabilidad del gobierno diseñarlas e implementarlas como política de estado. Y pasa primordialmente por una intensa e inteligente política de inclusión social, que no se reduzca a regalar dinero, crear trabajos temporales y otros anuncios insustanciales. La inclusión debe partir por una gran reforma educativa que se convierta en el eje para combatir esta barbarie que es estructural. Educación y de calidad para todos, pero fundamentalmente para los más pobres.

Luego crear oportunidades para nuestros jóvenes que viven en un país casi sin esperanza, con acceso a fuentes de trabajo dignas. Respeto y revaloración de su cultura y costumbres. Mayores y mejores presupuestos bien utilizados. Mejores políticas sectoriales que apuntalen la inclusión como un mega proyecto estatal. El aspecto punitivo es necesario y urgente pero no va a ser el factor que nos sacará de este remolino irrefrenable.

Finalmente, como lo afirma El profesor Daniel Parodi “no es posible pregonar la inclusión social si como punto de partida no somos iguales ante la ley”. Necesitamos que el poder judicial, la prensa y la sociedad en general tengan la misma respuesta cuando las víctimas son hijos de reconocidos políticos y ciudadanos de clase alta, o cuando son humildes campesinos o trabajadores anónimos que son las mayores víctimas de esta locura criminal.