El Premier de la República Javier Velásquez acaba de lanzar una prodigiosa idea para evitar que el estado pague las indemnizaciones a ciertos condenados por terrorismo: la estulticia de retirarse de la competencia de la Corte de San José, la culpable junto al ex presidente Toledo, de esta tribulación según la iluminada opinión del Premier y de todo el fundamentalismo de derecha afincado en el régimen aprista.

Lo descabellado de esta oferta es que en la década pasada, sus ahora aliados fujimoristas, ya lo intentaron pretendiendo dejar sin efecto la competencia contenciosa de la Corte y mantener al mismo tiempo su condición de Estado convirtiendo al país en un paria jurídico internacional, cuyas consecuencias políticas, jurídicas y sociales hubieran sido desastrosas.

No olvidemos que el mismo Alan García encontró en este foro amparo cuando recurrió para defenderse de la persecución insensata de Fujimori. Precisamente la sentencia a favor del hoy presidente fue una de las razones por la que el ex dictador pretendió retirar al país de su jurisdicción entrando en desacato. Casi dos décadas después el mandamás quiere a través de interpósita persona (Velásquez) y ad lítteram entretenernos con el mismo experimento para después invalidar la bobería del Premier y emerger como el demócrata indomable.

Pero el desacierto de este esperpento es justamente que hace poco tiempo hemos acudido a otra corte internacional, la de La Haya, para solucionar un diferendo marítimo con Chile donde esperamos ganar. Es decir, las cortes supranacionales son buenas cuando encajan como anillo al dedo y pésimas o casi pro senderistas cuando sus fallos no son los que el gobierno y sus adláteres ultras anhelan.

Entonces busquemos al incuestionable culpable de que nuestros impuestos sirvan para indemnizaciones muy desafortunadas. No fue acaso la aciaga dupla Fujimori-Montesinos los que organizaron un Poder Judicial a su medida con jueces ímprobos. No fue este poder el que juzgó y sentenció sin el respeto a la defensa, principio jurídico mundialmente reconocido. No hicieron pantomimas de juicios (sin respetar el debido proceso) con jueces sin rostro tan sibilinos como los mismos procesados. No fueron acaso estos jueces los que enviaron a la cárcel a cientos de inocentes sin prueba alguna y luego muchos de ellos tuvieron que ser liberados.

No fue acaso la insensatez de ese régimen pútrido el que atropelló a inocentes y culpables por igual y que forjó todas estas demandas que pudieron evitarse y que fueron ganadas una a una no sólo por los sediciosos convictos y confesos si no también por otros peruanos que vieron vulnerados sus derechos. No se tuvieron que hacer nuevos juicios con jueces y cortes constitucionales a muchos de los que hoy purgan condena.

La propuesta de evitar estas indemnizaciones desdichadas reteniéndolas en una cuenta como parte de lo que los sentenciados deben de reparación civil al estado peruano parece más prudente y jurídicamente posible. Son más de 3 mil millones que adeudan y algo se tiene que hacer para cobrárselos. De la misma manera que hay que cobrar todo lo que se robaron y aún adeudan los sentenciados por corrupción de la década pasada y de ésta. Muchos de ellos ya han salido libres ante el silencio consenciente del Primer Ministro y toda la corte.

El intento de expulsión del sacerdote ecologista Paul Mac Auley, señala sin lugar a dudas, los límites insospechados de intolerancia del gobierno en su afectuoso afán por limpiarle el camino a las trasnacionales especialistas en la destrucción del medio ambiente.

Sin embargo hay un hecho que ha pasado desapercibido. Poco antes de esta asonada gobiernista el señor Luis Alva Castro, presidente del Congreso y ex Ministro de las compras fallidas, condecoró sin pudor alguno con Medalla de Honor en el grado de Caballero nada menos que a Germán Kruger, el mismísimo mecenas que financió el retorno del reo Fujimori al vecino país de Chile, y como la premiación vino con aguinaldo incluido, su nombre fue retirado del informe Petrotech, (famoso por los audios de la corrupción) por presión de la bancada fujimorista, donde también estaba comprometido.

Resulta curioso, por no decir chistoso, que el mismo gobierno que profesa el trato igualitario entre las empresas nacionales y foráneas, pegue un brinco ante la conducta solidaria de un sacerdote extranjero por el solo hecho de cumplir con el deber proteger la naturaleza y la vida de los nativos. Ciudadanos peruanos a los que se les niega la posibilidad de conservar sus ancestrales territorios.

Estos dos hechos casi paralelos desnudan la catadura política y moral del gobierno aprista. Su desvergonzada defensa de las trasnacionales que están buscando apoderarse del bosque selvático y por antonomasia penalizar las protestas sociales, las incómodas marchas en defensa del medioambiente, percusión a los dirigentes y expulsión del país de las personas incómodas. Paradójicamente premiar en el Congreso (el de los tránsfugas) al bienhechor del japonés sólo evidencia la ominosa alianza entre corruptos. Más claro ni el agua limpia.

En tanto un Primer Ministro sale a comentar estupideces inentendibles sobre los “sacerdotes agitadores”, el rompimiento de los muros de contención de los relaves de la Minera Caudalosa han comprometido seriamente diversos ríos y ecosistemas frágiles, esta es la minería responsable que tanto profesan. La solución, otra comisión investigadora, esta de vez de osinergmin. Más chistosos ni los chistosos de RPP.

Bastó la excarcelación de Lori Berenson para que se desencadenara el berrinche del Opus Dei, la derecha peruana, desde luego los apristas del poder y cierta prensa que se dedica a reproducir con resonancias sus prédicas.

Y es que para estos señores, si de ellos dependiera, los sentenciados por terrorismo nunca deberían dejar la cárcel ya que representan un alto riesgo de volver a las andadas reincorporándose a sus antiguas huestes. Por ello atizan el miedo ciudadano, recriminan al Poder Judicial y hasta una “inesperada” marcha de prosélitos de Abimael demandan la amnistía para éste en los claustros sanmarquinos.

Hace dos décadas cuando empezaron las condenas largas y firmes para los violentistas, parecían muy justas y daba la sensación que el tiempo para que recobren su libertad nunca llegaría. Cumplidos los plazos Alan García, Rafael Rey y el Cardenal Cipriani no encuentran la manera humana de prolongar la estadía de los sentenciados en la cárcel, si no es violentando los principios jurídicos de una democracia que ellos representan y disfrutan.

Pero esta pretensión en tiempos preelectorales tiene sus bemoles sospechosos. ¿A quién beneficia el alboroto del terrorismo si no es al fujimorismo y su candidata que usufructan glorias que no les pertenecen? ¿No es acaso los violadores de los derechos humanos con su bienhechor en el Ministerio de Defensa los que buscan estas ocasiones para “limpiarse”? ¿y de los chuponeadores amigos del vicepresidente Giampietri y toda la basura destapada ya nos olvidamos?

El presidente quiere cambiar las leyes, pero regirían para los juicios nuevos ya que no son retroactivas. Rafael pide arrepentimiento y esto no es un requisito jurídico para acceder a la libertad y al cardenal sólo le queda pronunciar dislates casi risibles. Sin embargo estos señores hicieron mutis cuando Enrique Croussillat, el mafioso que recibió millones que bien hubieran servido para hacer hospitales y atender a esos niños de la sierra sur que mueren a diario de pulmonía y otros males, fue perdonado y excarcelado por un orondo Alan García.

Desde luego que existe un potencial peligro que los liberados retomen el camino subversivo, hay en el país un temor fundamentado por toda la tragedia que se vivió, pero la coyuntura no puede usarse manidamente. Para ello están los servicios de inteligencia que deben hacer una tarea preventiva, pero esencialmente eliminar las crueles condiciones de inopia y abandono que es el terreno fecundo donde estas prédicas encuentran oídos. Así como también persiste la desazón ciudadana por la corrupción corporativizada que es la otra cara de la medalla que destruye la economía, la moral y las esperanzas de toda una nación.