LOS DESBARROS DEL PREMIER

El Premier de la República Javier Velásquez acaba de lanzar una prodigiosa idea para evitar que el estado pague las indemnizaciones a ciertos condenados por terrorismo: la estulticia de retirarse de la competencia de la Corte de San José, la culpable junto al ex presidente Toledo, de esta tribulación según la iluminada opinión del Premier y de todo el fundamentalismo de derecha afincado en el régimen aprista.

Lo descabellado de esta oferta es que en la década pasada, sus ahora aliados fujimoristas, ya lo intentaron pretendiendo dejar sin efecto la competencia contenciosa de la Corte y mantener al mismo tiempo su condición de Estado convirtiendo al país en un paria jurídico internacional, cuyas consecuencias políticas, jurídicas y sociales hubieran sido desastrosas.

No olvidemos que el mismo Alan García encontró en este foro amparo cuando recurrió para defenderse de la persecución insensata de Fujimori. Precisamente la sentencia a favor del hoy presidente fue una de las razones por la que el ex dictador pretendió retirar al país de su jurisdicción entrando en desacato. Casi dos décadas después el mandamás quiere a través de interpósita persona (Velásquez) y ad lítteram entretenernos con el mismo experimento para después invalidar la bobería del Premier y emerger como el demócrata indomable.

Pero el desacierto de este esperpento es justamente que hace poco tiempo hemos acudido a otra corte internacional, la de La Haya, para solucionar un diferendo marítimo con Chile donde esperamos ganar. Es decir, las cortes supranacionales son buenas cuando encajan como anillo al dedo y pésimas o casi pro senderistas cuando sus fallos no son los que el gobierno y sus adláteres ultras anhelan.

Entonces busquemos al incuestionable culpable de que nuestros impuestos sirvan para indemnizaciones muy desafortunadas. No fue acaso la aciaga dupla Fujimori-Montesinos los que organizaron un Poder Judicial a su medida con jueces ímprobos. No fue este poder el que juzgó y sentenció sin el respeto a la defensa, principio jurídico mundialmente reconocido. No hicieron pantomimas de juicios (sin respetar el debido proceso) con jueces sin rostro tan sibilinos como los mismos procesados. No fueron acaso estos jueces los que enviaron a la cárcel a cientos de inocentes sin prueba alguna y luego muchos de ellos tuvieron que ser liberados.

No fue acaso la insensatez de ese régimen pútrido el que atropelló a inocentes y culpables por igual y que forjó todas estas demandas que pudieron evitarse y que fueron ganadas una a una no sólo por los sediciosos convictos y confesos si no también por otros peruanos que vieron vulnerados sus derechos. No se tuvieron que hacer nuevos juicios con jueces y cortes constitucionales a muchos de los que hoy purgan condena.

La propuesta de evitar estas indemnizaciones desdichadas reteniéndolas en una cuenta como parte de lo que los sentenciados deben de reparación civil al estado peruano parece más prudente y jurídicamente posible. Son más de 3 mil millones que adeudan y algo se tiene que hacer para cobrárselos. De la misma manera que hay que cobrar todo lo que se robaron y aún adeudan los sentenciados por corrupción de la década pasada y de ésta. Muchos de ellos ya han salido libres ante el silencio consenciente del Primer Ministro y toda la corte.